Desidia por la naturaleza

La intensidad de las lluvias tiene a maltraer a 11 provincias desde 2016. Acentuaron su furia desde diciembre, produjeron a principios de enero daños de gravedad en el sur santafecino, en el norte y el noroeste bonaerenses y en el noreste de La Pampa, y continuaron su racha hasta amenazar con demoras la siembra de los cultivos de invierno. En Corrientes, con más de dos millones de hectáreas inundadas y perdidas más de 50.000 cabezas vacunas, un productor despojó a la naturaleza, en concisa argumentación, de la responsabilidad absoluta por tantos males: “Producimos para el siglo XXI, pero con caminos del siglo XVIII”.

Cuando en las zonas rurales no hay vías de acceso ni de salida eficientes, los problemas se potencian. El hombre de campo sabe que cuando los caminos son confiables puede trasladar familias y haciendas a lugares seguros; sabe que si esas vías y caminos han sido debidamente hechos actuarán como mecanismos de escurrimiento de las aguas. Pero no hay caminos buenos ni suficientes en Corrientes al cabo de 400 años. Tampoco los hay en la medida de lo necesario en otras provincias.

Las lluvias ponen al desnudo la crisis de la infraestructura del país. Nadie ignora que energía y comunicaciones viales se encuentran entre las prioridades de urgente atención gubernamental, después del legado de corrupción, desatenciones y desvíos de fondos hacia asuntos de menor valía social por parte de gobiernos anteriores.

El presidente Macri ha insistido en que se siente comprometido con la reversión de ese funesto legado. Otro tanto han hecho varios gobernadores, entre ellos María Eugenia Vidal. Se han anunciado en Buenos Aires obras por 3500 millones de pesos para afrontar, en 15 municipios, un plan de 48 obras: 39 hidráulicas, 6 de vialidad y 3 de construcción de viviendas. La Nación contribuirá con 1000 millones de pesos.

Décadas de abandono de normas de buena gestión se han puesto en evidencia con lluvias que, en algunos lugares, han sido extremas: los 2500 milímetros caídos sobre General Villegas superan con creces la media anual. Así están esos partidos y los aledaños del noroeste bonaerense, con la mitad de sus 726.000 hectáreas anegadas. Así fue la magnitud de los riesgos corridos en enero por Cañada Seca, en Santa Fe, con más de 300 milímetros caídos en una sola jornada, o los más de 200 milímetros que soportaron en pocas horas algunos partidos de Buenos Aires y del norte de La Pampa.

Una amplia región cordobesa atraviesa, asimismo, situaciones comprometedoras para la población y los recursos agropecuarios.

No hay consuelo para tantos daños en tan corto tiempo, pero sí la certeza de que la magnitud de los siniestros ha movilizado las conciencias ciudadanas y concertado respuestas oficiales que de otro modo tal vez se hubieran expresado con pereza.

Esa reacción tiene su réplica en la actualización de críticas por los desaciertos habidos en su momento en las construcciones de corredores viales de la importancia de las rutas 188 y 33. Se hicieron sin alcantarillas que hubieran dejado seguir las aguas en concordancia con los desniveles naturales. Para solucionar tales problemas de forma integral cabrá tener en cuenta la situación de poblados y campos aguas abajo, como que también sería inadmisible la realización de obras sin consultas ni consenso con otras jurisdicciones.

Deja este doloroso cuadro una nueva notificación sobre la pérdida de absorción de aguas por los campos cuando se les retacean las rotaciones agrícolas adecuadas: la insistencia en sojizarlos es otra deuda más del kirchnerismo con el país, ya que consiguió por la exportación de ese cultivo fondos extraordinarios para su fiesta de corrupción, dilapidación de recursos públicos y crecimiento del déficit fiscal. Sin embargo, lo hizo al alto precio de establecer impuestos extraordinarios sobre las gramíneas que, como el maíz y el trigo, mejoran suelos y conjuran uno de los factores que han gravitado en los efectos de las inundaciones: el de la impermeabilización de las capas superiores de la tierra.

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